Alianza país: De la teoría de la conspiración a la real politik

Pablo Dávalos

¿Qué pasó en Ecuador? ¿Qué está pasando? ¿Hubo intento de golpe de Estado en la insubordinación policial?

Los recientes acontecimientos han suscitado una doble interpretación. La versión gubernamental va en la siguiente línea: los policías y sectores de las fuerzas armadas del Ecuador intentaron un golpe de Estado en una línea de reconstitución oligárquica suscitada por el rumbo político de un gobierno soberano y que había mantenido una agenda de ruptura con el modelo neoliberal y que está produciendo, además, profundas transformaciones democráticas en beneficio del pueblo en especial de los sectores más pobres; este intento de golpe de Estado ha sido evitado por la masiva movilización del pueblo ecuatoriano dispuesto a confrontar a la derecha y a salvar este proceso que se ha autodenominado revolucionario, y, asimismo, por la valiente y firme actitud del Presidente del Ecuador que mantuvo su coherencia hasta en los momentos más dramáticos.
Hasta ahí una interpretación que tiene como eje director al gobierno ecuatoriano y que de alguna manera consta en varios pronunciamientos y análisis de sectores identificados con la izquierda política del continente. En esta visión la realidad es simple y contundente y las líneas que demarcan a la izquierda (los buenos) y a los que no lo son, aparecen claras y transparentes.

Sin embargo, los hechos, como alguna vez dijo Lenin, son tenaces y evidencian una realidad más bien prosaica y diferente: al parecer y tal como lo confirman todos los datos existentes, nunca se trató de un golpe de Estado porque no hubo un pronunciamiento político en ese sentido de los sectores de la policía y de las fuerzas armadas involucradas en el conflicto, sino más bien, y por absurdo que pueda parecer, el núcleo del conflicto giró alrededor de reclamos administrativos y financieros por parte de la tropa de la policía ecuatoriana, aparentemente lesionados por el Código de Servicio Civil que fue aprobado por la Asamblea Nacional del Ecuador, pero que fue radicalmente cambiado por el veto presidencial de Rafael Correa. El hecho de que un reclamo administrativo haya generado la crisis política más importante del Ecuador de los últimos años, llama a la reflexión porque este hecho permitió que afloren varios fenómenos aparentemente disímiles y contradictorios.

En primer lugar está la posición de los movimientos sociales del Ecuador, entre ellos el movimiento indígena, que se desmarcaron tanto del gobierno de Alianza País cuanto de los insubordinados policías ecuatorianos, aunque mediaron algunas declaraciones desafortunadas de
varios de sus líderes, pero la organización indígena aprovechó la coyuntura para resaltar lo que consideran el centro del debate político: las derivas extractivistas y neocoloniales que está asumiendo el gobierno de la Revolución Ciudadana. Las demás organizaciones sociales, entre ellas los sindicatos del sector público, aprovecharon de la coyuntura para manifestar su malestar con varias leyes aprobadas por el régimen y que lesionan sus derechos laborales. Esta posición del movimiento social ecuatoriano permite comprender la orfandad del gobierno en sus momentos más dramáticos, cuando necesitaba de forma desesperada esa organización social, a la
que siempre la había considerado como rezagos corporativos del neoliberalismo, se vio completamente solo y más bien rodeado de afectos, solidaridades y buenas intenciones de un reducido grupo de personas que, si bien son importantes, cuando se trata de disputar y defender el poder generalmente son intrascendentes si no son fenómenos mayoritarios y contundentes. En esas horas de soledad, el Presidente ecuatoriano Rafael Correa tuvo que hacer algo que jamás se habría imaginado: negociar su estabilidad política con las fuerzas armadas.

En segundo lugar está el mismo sistema político ecuatoriano. La institucionalidad política se reveló incapaz de conjurar a los fantasmas que ella misma había convocado. La serie de leyes que se aprobaron en el legislativo y que implicaron un proceso de diálogo, consenso y acuerdos con actores disímiles, y que produjeron varios proyectos de ley cuya redacción no satisfacía a muchos de ellos pero que demostraban que se tuvo que ceder para mantener un frágil equilibrio, en el momento en el que llegaron al ejecutivo para su aprobación final fueron cambiadas de forma radical y alteraron, precisamente, ese equilibrio al que trabajosamente se había llegado.

El veto presidencial a varias de estas leyes, como por ejemplo la Ley de Educación Superior, el Código Orgánico de Servicio Civil, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, entre otras, cambiaron el equilibrio con el cual fueron aprobadas al interior del legislativo y onvirtieron al Presidente de la República en legislador de última instancia.

Los asambleístas del partido de gobierno nunca pudieron ni contradecir ni presentar la más mínima resistencia esa voluntad del ejecutivo y, finalmente, nunca respaldaron ni reconocieron los acuerdos previos que ellos mismos habían suscrito con varios actores sociales, políticos e institucionales para lograr los votos necesarios para aprobar esas leyes. Esto determinó una pérdida de confianza en la legislatura y una crispación de varios sectores sociales que veían que su voluntad de llegar a acuerdos y realizar concesiones eran tabula rasa para el Ejecutivo.

Las reiteradas movilizaciones de las universidades, de los servidores públicos, de los jubilados, de los indígenas, entre otros, daban cuenta de esa crispación social. Empero, el sistema político ecuatoriano no daba muestras de absorber esa energía social y canalizarla dentro de la institucionalidad vigente, porque esta institucionalidad hablaba un solo lenguaje y en un solo sentido: aquel del partido de gobierno. Alianza País estaba reconstruyendo la institucionalidad política ecuatoriana desde el autismo y la arrogancia del poder. Cuando se produce la crisis política, el sistema político ecuatoriano fue incapaz de resolver esta crisis porque él mismo era parte del problema. Tal como están las cosas, ahora Alianza País deberá crear las garantías de su propia supervivencia política y resolver la crisis sin apelar a un cuestionado sistema político, una
verdadera tarea para Sísifo.

En tercer lugar están los medios de comunicación convertidos en la víctima propiciatoria de la Revolución Ciudadana. A pocas horas de suscitarse el conflicto político el gobierno optó por curarse en sano y zanjó la disputa mediática y semiótica del conflicto asumiendo el control total de la información. En ese proceso el gobierno posicionó la idea de que estaba en juego la democracia atacada por la derecha camuflada en sectores de la policía, que habían sido objeto de
manipulación de sectores claramente identificados con la oposición (se habló con insistencia del Partido Sociedad Patriótica y de su líder Lucio Gutiérrez). Más allá de que esta versión sea plausible está el hecho de que el momento en el que finalmente se abrió la señal para todos los medios televisivos, se tuvo acceso a información que contradecía las informaciones oficiales y que generaban dudas sobre los eventos sucedidos.

Los medios públicos hasta entonces habían luchado por su propia legitimidad tratando incluso de ser mínimamente críticos con el gobierno, en esta coyuntura más bien demostraron que la semiótica y la comunicación son fundamentales a la hora de disputar al poder y que llegado el momento la imparcialidad es una máscara incómoda: la verdad siempre es una prerrogativa del poder. Los medios de comunicación están otra vez en el centro del debate porque presentan una realidad y unos hechos que contradicen las versiones oficiales. Ahora el gobierno tiene que disputar los sentidos entre su versión de que se trató de un intento de golpe de Estado y las informaciones que van apareciendo paulatinamente y que indican que ni siquiera se trató de un secuestro al Presidente. El problema es que esta disputa rasga la hegemonía ideológica del partido de gobierno y empieza a fracturarla, y sin esa hegemonía ideológica, el único soporte real que al momento tiene el régimen, las adhesiones clientelares y electorales pueden también fracturarse poniendo en riesgo su estabilidad política.

Pero hay aún más: la situación económica del Ecuador no le favorece al gobierno. No puede presentar cifras de crecimiento económico, generación de empleo, inversión, reducción de la pobreza, porque las cifras demuestran que, al menos en lo que a la economía concierne, la propuesta de Alianza País ha fracasado y no tiene visos de superarse.

El desempleo abierto y encubierto alcanza a las dos terceras partes de la población ecuatoriana en capacidad de trabajar. El costo de la canasta familiar se ha incrementado a sus máximos históricos: 550 dólares y el salario mínimo apenas cubre el 43% de esta canasta. De hecho, la pobreza se ha incrementado. Todo esto en un contexto de bonanza de los precios del petróleo, un importante incremento en la recaudación fiscal y expansión de las exportaciones no tradicionales.

Sin embargo, el régimen de Alianza País necesita aún de más recursos económicos, sobre todo para resolver los problemas del déficit fiscal. En ese sentido, ha presentado una propuesta de ley para ampliar la capacidad de endeudamiento hasta un 50% del ingreso nacional, y pagar las bonificaciones de jubilación en bonos. Una propuesta que ha convocado a la oposición de los jubilados y de los trabajadores públicos en contra del régimen y que anuncia futuras movilizaciones sociales. La economía es una bomba de tiempo para Alianza País que, por ahora, no consta en su lista de prioridades pero que a mediano plazo revelará su importancia.

Luego de esta crisis, Alianza País sabe que una cosa es el discurso y otra las necesidades del poder. Puede ser que la imagen del Presidente se haya fortalecido en la coyuntura, pero eso no implica que las condiciones de su propia gobernabilidad sean las mejores. Más bien lo contrario, Alianza País sabe que en este simulacro no puede confundir las sombras en el espejo y necesita respuestas contundentes que le posibiliten garantizar al largo plazo su permanencia en el poder y
defender aquellos grados de libertad en el sistema político que la convirtieron en fuerza hegemónica. El descontento de varios sectores sociales, entre ellos las fuerzas armadas y la policía nacional, están ahí, son indudables. Si Alianza País opta por resolver la crisis suscitada por insubordinación de la policía nacional sin resolver de manera previa las causas del conflicto que no solamente comprende a la policía sino a otros sectores sociales, sabe que el simulacro del golpe de Estado puede convertirse en una profecía autocumplida. Pero no puede resolver las condiciones de su gobernabilidad sin cambiar el formato político de su hegemonía, y no puede cambiar este formato político sin resignar los correspondientes espacios políticos, es decir, vulnerar esa hegemonía.

Alianza País es un movimiento autista y en su diccionario político no existen las palabras “diálogo” y “consenso”. Está auto-convencida de que su proceso político es una verdadera revolución y ha trazado una línea demarcatoria entre aquellos que suscriben de forma incondicional su proyecto y el resto a quienes considera sus enemigos, incluidos los movimientos sociales. Con Alianza País no hay términos medios.

Justamente por ello no hay espacios ni condiciones ni para la crítica menos aún para la autocrítica. Pero el momento de refundación al sistema político se está agotando. El impulso histórico que llevó al poder a Alianza País se está fracturando porque la sociedad ecuatoriana empieza a cambiar su orden de prioridades. Ése es su mayor drama y allí radica la mayor paradoja: ¿cómo piensa Alianza País recuperar esos grados de libertad con los cuales estaba reconstruyendo la institucionalidad y al sistema político sin fracturar las condiciones de su propia gobernabilidad? ¿De qué manera el sistema político ecuatoriano puede recobrar su legitimidad sin hacer tabula rasa de sí mismo y tener que poner el contador en cero? ¿Cómo movilizar a una sociedad, sobre todo en momentos en los que más se la necesita y que nada tiene que ver con las apuestas electorales, cuando se ha tratado de desestructurar, manipular y desmovilizar a esa misma sociedad? ¿Cómo apelar a la organización social cuando se ha tratado de cooptarla y convertirla en un apéndice del régimen o, en su defecto, destruirla? ¿Cómo decirle a la ciudadanía que la verdad que presentan los medios de comunicación gubernamentales no son sino otra estrategia de disuasión y que la verdad está en otra parte?

Alianza País está entre Escila y Caribdis. Para salir de la crisis tiene que apelar al diálogo y al consenso pero eso la debilita políticamente, porque va a dar la percepción de vulnerabilidad y ésa
es la señal que necesita la oposición. En cambio, si mantiene su posición de hegemonía y de imposición, solamente es cuestión de tiempo para que su teoría de la conspiración se convierta en una profecía autocumplida. La insubordinación policial y militar demostró que el rey está desnudo y, al parecer, pone al tiempo político de Alianza País en cuenta regresiva.